Las medias tintas del Gobierno contra la morosidad

Son muchos los datos que se vienen publicando en los periódicos todos los días en nuestro país al respecto de cierres de empresas y de aplazamientos en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, junto a otras alarmantes previsiones. Según advierten algunos expertos en los medios, todavía seguiremos un tiempo con este ritmo de desaparición de empresas. Pero si los datos son preocupantes, las causas son inadmisibles. Un estudio del IE Business School afirmaba hace unos meses que en dos años habrá desaparecido el veinte por ciento de las pymes y autónomos por falta de pago por parte de las Administraciones Públicas.

Con el fin de poner remedio a este problema, Convergencia i Unió presentó una propuesta de enmienda a la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que actualmente está en vigor pero que constantemente se incumple. La propuesta establece la inclusión de forma expresa de una ‘limitación a 30 y 60 días máximo para el pago de las deudas’ que, aunque ya tiene ese objetivo implícito para dar cumplimiento a la Directiva europea que limita a 60 días máximo el plazo para pagar las deudas, y que Francia ha legislado desde principio de este año en 45 días, sin embargo en España dicha ley no lo dice de forma expresa. Esta propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en junio y lo lógico es que la reforma hubiera salido ya adelante.

Desde entonces y a pesar de su apoyo en primera instancia, el Grupo Socialista ha venido paralizando la tramitación de esta propuesta con prórrogas y justificando que esa limitación sería contraria al ‘respeto a la libertad de las partes’ y puede ser anticonstitucional. Este argumento sólo cabe en la cabeza de quien desea seguir utilizando esta interpretación a su antojo, esto es, la propia Administración Central, supuestamente socialista, que se alinea con los más tiranos intereses del SEOPAN, asociación patronal que defiende los intereses de las treinta constructoras más importantes de España y controla el 70% de la obra pública del Estado, y cuyo actual presidente David Taguas fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno hasta 2007.

Taguas ha debido convencer a Zapatero de que esa propuesta no es del todo buena para ambos y es mejor para Administración y SEOPAN tener vía libre para seguir imponiendo sus pagos a 120 y 180 días. Esta alianza, o cesión a la presión, tan dañina para el resto del tejido empresarial se produce en la situación de crisis económica que vivimos, en la que la banca continúa sin financiar ni dar créditos al cobro de los pagarés con los que pagan dichas grandes constructoras, con lo que el estrangulamiento de pymes y autónomos es un hecho antes o después.

Acaba de finalizar el plazo de la última prórroga posible para presentar enmiendas parciales a esta ley, que está a punto de iniciar el trámite de su reforma parlamentaria y la modificación que se prevé es una mera imposición de unos intereses en los casos de retraso en los pagos, medida de dudosa puesta en práctica entre empresas.

En este escenario, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad está en pie de guerra ante tal postura del Ejecutivo y ha convocado una Cumbre en Madrid el 18 de noviembre con el fin de valorar la actual Ley y que ha resultado totalmente ineficiente. Otras plataformas vinculadas han planteado iniciativas como declarar el 14 de abril como Día contra la Morosidad de las Administraciones, proponiendo a los empresarios que ese día no se pague ningún impuesto, ni tasa, ni licencia a la Administración.

Sólo ese día, que así sea.

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Editorial nº 13

Ya está a punto de terminar el primer semestre del año 2009 y el panorama de la economía española, la doméstica, de Pymes y de autónomos, se parece cada día más al de un lugar devastado por un asedio, pero sin tener la certeza de que haya pasado ya lo peor. En este caso no se trata de bárbaros medievales venidos de tierras lejanas, sino de bandas organizadas uniformadas de gris marengo y raya diplomática, con sonrisa impertinente, escasas competencias y más poder para obrar del deseable para las pequeñas economías españolas.

Si hacemos un breve repaso por los orígenes, causas, factores y por los efectos y consecuencias de esta actual recesión, la opinión pública tiene claro que ha habido excesos de toda índole y cometidos prácticamente por toda la sociedad. Ha habido una política desmesuradamente expansionista de los directores comerciales de empresas grandes y medianas, un abuso de su poder económico por parte de los agentes empresariales, el ansia devoradora de tiburones especuladores que han reventado el mercado de la vivienda, particulares poco prudentes que pidieron préstamos por encima de sus posibilidades para comprarse un gran coche o un chalet, Administraciones Públicas satisfechas que gastaron las buenas cosechas de impuestos sin sembrar productividad para el futuro, inversores particulares que en lugar de invertir en actividades productivas confiaron en los productos financieros basura de su banco o caja para especular a corto plazo, bancos y directores de sus oficinas que vendían esos fondos a sus mejores clientes sin conocimiento alguno sobre ellos y daban préstamos hipotecarios sin garantías para operaciones dudosas con el fin de mejorar sus números personales, etcétera. Estaba aceptado que la burbuja había crecido demasiado y en todos los corrillos se advertía que un día cualquiera iba a estallar.

Se puede recordar cómo, todavía en los últimos tiempos de la cresta de la ola, los que hacían el agosto todos los meses del año pedían a los gobernantes intervención mínima, ya que el mercado se regulaba muy bien solo. A día de hoy, y a pesar de la irritación de sus organizaciones empresariales, el Gobierno central ha seguido muy al pie de la letra aquellas recomendaciones, evidentemente no por voluntad propia sino por incapacidad y desorientación.

Pero al igual que las causas, la opinión pública también tiene claro quienes son las víctimas y quienes los verdugos. En aquella situación de hace un par de años, como en cualquier otra de tensión, para que estalle una crisis o un conflicto hace falta un detonante, como que alguien saque los tanques para invadir Polonia o que todas las entidades financieras rechacen dar cualquier préstamo y no acepten pagarés al cobro de sus clientes (porque han descubierto que sus propios productos financieros estaban podridos y alguien que no son ellos mismos tiene que pagar el pato), todo ello con la bula del Gobierno para actuar libremente y un fondo de rescate de miles de millones de euros sin un fin claro creíble ni control alguno, como única medida.

Por el momento, aunque continúa la masacre de pequeñas empresas y autónomos a manos de la banca por asfixia financiera, con la colaboración de todas las Administraciones por sus impagos y retrasos, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE) acaba de publicar un recuento de víctimas en mayo -100.423 empresas fallecidas en el último año- y, además, la cifra de desempleo en abril llega a 3.644.880 parados. Datos de empresas desaparecidas y de paro hay de todos los sectores salvo de la banca y la política, donde continúan firmes en sus poltronas casi todos los directores y miembros de consejos de administración, como auténticos generales que dictaminan las siguientes empresas en caer. ¿Habrá algún Tribunal de la Haya que juzgue el ‘empresicidio’ que estamos viviendo?

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Editorial nº 12

Este año, más que cualquier otro, era necesario esforzarse un poco más entre todos los agentes relacionados con el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, con el fin de crear algo de optimismo en el mercado de la vivienda y reactivar en lo posible la demanda. En estas circunstancias, puede que no haya un logro mejor para los promotores inmobiliarios que poder organizar una feria de vivienda en una ciudad cerca de donde están sus promociones. Disponer de un evento que consiga atraer público y donde entre todos, como expositores inmobiliarios, se reúnan y puedan crear juntos ese ansiado ambiente positivo con toda su creatividad y saber hacer, con el que encandilar a esos aspirantes a la compra que habrán asistido con esperanza de encontrar una vivienda acorde a sus necesidades. En no muchas ciudades se puede organizar una feria inmobiliaria.

Este pasado mes de noviembre se ha celebrado la séptima edición de la Feria VIVIENDA en Valladolid, que se organiza cada dos años. El resultado final de presencia de visitantes y expositores no ha sido bueno, salvo de algunos gremios auxiliares, en especial, el de piedra natural encabezado por su asociación Pinacal. Sobre todo, llama la atención la ausencia casi absoluta de promotores inmobiliarios y la desaparición por completo del salón inmobiliario dentro del certamen. No se entiende tal ausencia y cómo es posible que las asociaciones que les representan y la propia organización hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo para mantener dicho salón, incluso con más fuerza, más empresas y mejor ambiente.

VIVIENDA es la feria para los promotores de Castilla y León. Son cuatro días en los que se pueden juntar distintos y variados perfiles de compradores. En la feria se dan las mejores condiciones y oportunidades para vender sus viviendas, con poco que pongan de su parte, de todo lo acumulado hasta hace pocas fechas. Sólo tres honrosas excepciones han asistido y, lógicamente, su inversión y esfuerzo ha tenido recompensa y han terminado con un notable éxito en términos generales.

Lejos de esta deseable actitud proactiva, la actual estrategia general del sector inmobiliario sigue basada en continuar con el discurso del lamento por su situación y culpabilizando a todas las Administraciones y Gobiernos, mientras se perpetúa la incapacidad en algunos casos y la nula predisposición en muchos otros, para la venta de las viviendas. Se puede pedir, pero primero hay que poner para poder recoger.

Hasta ahora, en muchas empresas falta adaptación y adecuadas estrategias de marketing y en sus cuatro conocidas variables: producto, plaza, publicidad y precio, sobre todo esta última. Y desarrollar acciones con mayor dedicación, inversión e ingenio, de forma individual o en asociación, con políticas realistas y acordes a los tiempos en que vivimos y que viviremos. Lo contrario significa no haberse despertado del sueño de la venta fácil y en plaza y de los márgenes privilegiados, de forma que no se estará contribuyendo a recuperar la confianza para dinamizar las ventas.

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Editorial nº 11

En un momento en que el sector de la construcción, mejor dicho, el de la promoción inmobiliaria se ha estancado y se prevé que siga estándolo, entre otros factores, hasta que los precios de la oferta de suelo y de la vivienda final se adecuen a la baja a la realidad del mercado, las obras de la Administración cobran mayor relevancia y han de ser, con sus mayores inversiones en número y presupuesto, las que mantengan la actividad tanto para los profesionales proyectistas como para las empresas adjudicatarias de las obras.

En los últimos años se han ido empezando y terminando algunas obras de infraestructuras que van cubriendo algunas de las necesidades básicas en cuanto a comunicaciones, suelo industrial y bienestar social, en algunas provincias más que en otras, para recuperar el retraso histórico de nuestra región. Así, también toma peso las inversiones en satisfacer las necesidades culturales y de ocio. Gracias a nuestro inmenso patrimonio arquitectónico, que a la vez es histórico y artístico, las inversiones en obras para recuperarlo y darle un nuevo uso, a la vez que respetarlo y conservarlo tal como llega a nuestros días, va calando en nuestra sociedad (en las corporaciones locales a veces muy lentamente) que son nuevas oportunidades de generar riqueza y empleo, diferentes a la promoción inmobiliaria, en la zona donde se ubica dicho patrimonio. En este número de LLavemaestra de la Construcción analizamos principalmente intervenciones en patrimonio, todas ellas con la más alta calificación de protección a nivel nacional y mundial y tienen que ver en su origen con la arquitectura militar. Y, como ocurre con la mayoría de estos bienes, han evolucionado durante siglos de acuerdo a la personalidad y mentalidad de la sociedad que les ha rodeado. Con sus épocas de esplendor, sus decadencias y actuaciones oscuras y su resurgimiento en los últimos años, como estandarte de la ciudad a la que representan. Descubrimos la recuperación del castillo de Ponferrada, como un libro abierto que nos muestra en su recorrido museístico lo que fue en sus distintas etapas; las murallas de Ávila, con el adarve que se pretende hacerlo accesible en casi toda su longitud; y la rehabilitación del Área dentro del recinto amurallado de Arévalo. Es de agradecer que algunas de estas importantes intervenciones hayan sido dirigidas por arquitectos de nuestra Comunidad, especialmente dedicados a la rehabilitación y restauración de patrimonio, muy conocedores y responsabilizados con su tierra e incluso más accesibles a la hora de poder entender sus obras que otros foráneos; frente a otras grandes obras institucionales marcadas por el criterio de arquitecto de renombre, donde lo importante es que dicho nombre o renombre sea de muy lejos.

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Editorial nº 10

Estimular la oferta o la demanda

Parece lógica la estrategia de comunicación del sector inmobiliario a nivel generalizado, en los últimos meses, de lanzar un mensaje explicando que la situación es la prevista y estamos ante una progresiva normalización del sector y todo va bien. Digamos que cuanto más se están frenando las ventas, más grandes son los titulares con este mensaje. De forma paralela, es curioso ver como, desde los mismos medios, se lanzan S.O.S. pidiendo auxilio a las Administraciones para que animen a la demanda como sea para se mantengan a flote sus ventas de viviendas e incluso los precios tan desorbitados que tienen actualmente. Pero lo más interesante es que quienes ahora piden esta ayuda salvadora a papá Estado y a mamá Autonomía, hace apenas uno o dos años no querían que la Administración interviniese en nada y menos que regulase el mercado para frenar la euforia de la que entonces se disfrutaba. Había que dejar que el mercado actuara, como dicen los principios del libre mercado.
Echando la vista atrás, hace dos y tres años se justificaba que los precios crecieran porque había demanda dispuesta a pagarlos y que habría una moderación consistente en un crecimiento de los precios cada año del 4-6%. Como es lógico, del 15-17% de hace un par de años, hemos pasado al 5-6% en 2007 y las grandes consultoras y financieras a nivel internacional ya pronostican una reducción de precios generalizada en España para 2008.
Y es que el ansia de producir y vender todo tan rápidamente por parte del sector inmobiliario durante estos años junto al fomento y permisibilidad del crecimiento desmesurado de las ciudades por parte de las autoridades responsables en urbanismo y vivienda, principalmente las de ámbito local, ha acabado creando un escenario de empacho generalizado de la demanda, que ha desaparecido casi por completo. Es decir, quien quería vivienda para invertir ya lo ha hecho y ahora ya no resulta rentable y quien la necesita para vivir no puede pagarla.
En lugar de alentar a la demanda de compra, más bien al contrario, habría que alentar la oferta a precios más racionales, si es preciso, bajo el mismo sistema de libre mercado que los infló, para que actúe desinflándolos lo necesario ante la grandísima cantidad de oferta nueva y de segunda mano existente hasta que la demanda responda. La oferta ahora debería enfocar su estrategia a dar mucho más valor añadido: mejores acabados, equipamiento, publicidad para la venta y, sobretodo, reconsiderar los precios.
Sobre las medidas del Gobierno para fomento del alquiler recientemente anunciadas por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, que entrarán en vigor con el año nuevo, todas ellas se están recibiendo muy bien por la opinión pública y también por el sector inmobiliario, ya que principalmente incentivan la demanda.
Pero, a día de hoy, faltan dos asuntos por aclararse. En primer lugar, la gestión. Qué deben hacer los aspirantes a las ayudas, cuándo las empiezan a recibir de forma efectiva y a qué ventanilla deben dirigirse. El otro punto importante es saber cómo se va a controlar el aumento del precio del alquiler. La oferta, que son los propietarios, aparte de los incentivos económicos directos, está recibiendo desde ya el deseado estímulo a la demanda. Y desde ya, ese estímulo se está utilizando para subir el precio de los alquileres en lugar de, como se pretende, aumentar la oferta de forma considerable.
Para evitar que las medidas tengan el efecto contrario al deseado, es necesario actuar sobre la oferta, aunque guste menos a ésta. Las medidas de Chacón deberían incluir algún límite en el precio del alquiler, al igual que se hace con la edad y salario de los inquilinos, bien por metro cuadrado de superficie o bien creando unos precios máximos por tramos de superficie, que figure en el contrato de aquellos propietarios e inquilinos que quieran recibir sus respectivas ayudas. Así, los inquilinos que cumplan los requisitos buscarán los pisos con estas características y los propietarios no crearán inflación ni se aprovecharán de la parte contratante más débil, resultando al final los únicos realmente beneficiados.
Antes de que sea tarde, este nuevo marco de medidas generales que establece el Gobierno central puede y debe ser bien complementado, por el propio Ministerio de Vivienda y por la Junta de Castilla y León, ya que son los gobiernos autonómicos los que tienen las competencias y responsabilidades de desarrollar las políticas de vivienda en su territorio

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Editorial Nº9

Parece que con resolver todas las dudas y complicaciones que trae la aplicación del Código Técnico de la Edificación, las empresas del sector ya deberían tener suficiente materia para aprender y ponerlo en práctica durante un cierto tiempo. Pero nada más lejos de la realidad.
Tan solo veintiún días después del inicio de la obligatoriedad de aplicación del Código Técnico de la Edificación, desde el pasado 29 de marzo, ya tenemos en vigor desde el 19 de abril la nueva Ley que regula todos los procesos de subcontratación en el sector de la construcción. En cualquier caso, la citada Ley de Subcontratación ya se conoce desde que se publicara en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de octubre de 2006. Desde entonces han pasado seis meses y algunas jornadas técnicas se han celebrado para analizar y poner en conocimiento de los interesados los puntos más interesantes de esta Ley.
Sin embargo, parece que no es hasta ahora cuando se empiezan a descubrir las sorpresas que la aplicación de dicha Ley tiene guardadas. Para ello, nada mejor que asistir a estas jornadas informativas o leer lo que de ellas se publica en los diarios, para darse cuenta de la valoración de los expertos y responsables de los distintos agentes del sector afectados, positiva pero a la espera de los acontecimientos.
El objetivo final que se persigue con la puesta en marcha de esta Ley es reducir la siniestralidad laboral efectiva y los riesgos que conducen a ella. Es una nueva herramienta legislativa que se suma a las normas ya existentes de prevención y control en las obras y al fomento que, desde los organismos públicos y privados, se realiza para la formación de los trabajadores por parte de los empresarios.
Pero estamos cansados de leer y escuchar que las causas de la siniestralidad son precisamente esta falta de formación por parte de los trabajadores y su alta temporalidad, la primera condicionada por la segunda; por eso ahora se quiere acabar de forma clara y efectiva con dicho exceso de temporalidad en las contrataciones de trabajadores por parte de las empresas.
Hasta aquí el objetivo. La realidad es que el método para conseguir los frutos va a transformar la organización del trabajo en las obras. Dicha transformación, como cualquier otra en cualquier sector económico, va a traer algo de agitación y un inicial aumento del paro en la construcción. Y de eso también se han dado cuenta los agentes, que a la vez que valoran el ordenamiento del sector palpan la introducción de un muy alto grado de incertidumbre para la continuidad de muchas empresas y los trabajadores de éstas (aunque éstos tuvieran contrato temporal) e incluso para muchos autónomos del sector, a los que también afecta.
Tal como publicó el diario Expansión el pasado 16 de abril, la inspección de Trabajo dejará contra las cuerdas a las empresas que no cumplan con los criterios de transparencia que se exigen. Ya se prevé por parte de los agentes empresariales y sindicales que cerca del 5% de las sociedades que están en activo en el sector tendrán que poner fin a su actividad, lo que se traduciría en Castilla y León a cerca de 200 empresas si solo a constructoras nos referimos y sin contabilizar los subcontratistas autónomos. Por lo que es muy importante, a la vez, saber cómo se va a producir la absorción de estos trabajadores por parte de las empresas con mayor estructura y solidez, de una forma tan rápida como se les va a invitar a dejar su pequeña empresa anterior.

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