viernes, 30 de noviembre de 2012

Salvemos las piedras o a las personas

A veces ocurre que a una persona o familia le sobreviene una situación económica muy negativa y se ve obligada a vender bienes de gran valor, como joyas y otros, que son de lujo pero no satisfacen las necesidades básicas diarias. Y venden esos bienes con pesar pero sin dudar, porque están haciendo lo correcto y necesario para poder adquirir bienes de primera necesidad como la vivienda, los libros del colegio, medicamentos e incluso la comida. Sería lógico pensar que cualquier persona que se encontrara en esa situación actuaría de la misma manera. Nos parecería que carece de sentido común dejar de pagar el alquiler, los libros o de dar comer a la familia para gastar más dinero en arreglar o limpiar esas joyas porque sucias pierden valor o haya peligro de que se rompan y no podamos lucirlas en el futuro.

Esta situación, que están sufriendo en estos años tantas familias españolas, es la misma que se da también a nivel regional y a nivel de Estado. Resulta paradójico que las decisiones de las Administraciones para con sus ciudadanos son las contrarias, las que carecen de sentido común. 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en septiembre el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda (PITVI 2014-2024), que incrementa del 1 al 1,5 por ciento la dotación para restaurar y rehabilitar patrimonio arquitectónico cultural. El Gobierno actual debería preguntarse si es el momento de aumentar las inversiones en joyas, que básicamente servirán para el beneficio de sus propietarios privados, como son iglesias, conventos y monasterios, o para el disfrute de aquellos con alto poder adquisitivo para destinar ahora al ocio, como son teatros, palacios y museos. 

En Castilla y León tenemos un gran patrimonio histórico y arquitectónico. Una gran riqueza. Es muy bonito poder disfrutar y presumir de tanta maravilla, pero también supone una gran carga económica mantener y conservarla, y no sirve al conjunto de nuestra población para cubrir las necesidades mucho más básicas que tiene en estos años. Castilla y León ya ha recuperado gran parte de su patrimonio arquitectónico más valioso para varias décadas y, aunque es deseable poder seguir con esta actividad, estamos en un momento de la historia en el que no procede seguir invirtiendo para presumir de joyas con dinero público mientras la población no disponga de vivienda y trabajo. 

La Junta de Castilla y León sigue participando en innumerables programas aportando fondos para recuperar retablos, tímpanos, vidrieras, etcétera, en edificios religiosos sin un destino funcional cierto a través de la Dirección General del Patrimonio de la Consejería de Cultura, del Programa Arquimilenios de la Consejería de Fomento, de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León junto con las antiguas Cajas de Ahorro de la región, de la Fundación Santa María la Real para la recuperación del Románico Norte, y hace otras actividades a través de la Fundación Instituto de la Construcción de Castilla y León para comercializar productos informáticos y otros servicios a empresas de construcción. Sirva este inciso también para denunciar que estas fundaciones prestan servicios editoriales, informáticos, consultoría, control de calidad, etcétera, haciendo competencia a empresas y emprendedores de Castilla y León con fondos públicos y sin pagar impuestos. 

Es el momento de invertir para recuperar a las personas y que estas recuperen su dignidad, con su vivienda y su trabajo. Para reactivar el sector de la construcción, al contrario de estas políticas actuales, deberían centrarse en aquellas que reviertan directamente en los colectivos que más lo necesitan, y que combinen el fomento del empleo, la formación y el acceso a la vivienda, destinando los recursos escasos a dotación para rehabilitar viviendas, a los programas de ayudas y subvenciones, y a facilitar el acceso al inmenso parque de viviendas vacías existente en España.

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