Editorial nº 13

Ya está a punto de terminar el primer semestre del año 2009 y el panorama de la economía española, la doméstica, de Pymes y de autónomos, se parece cada día más al de un lugar devastado por un asedio, pero sin tener la certeza de que haya pasado ya lo peor. En este caso no se trata de bárbaros medievales venidos de tierras lejanas, sino de bandas organizadas uniformadas de gris marengo y raya diplomática, con sonrisa impertinente, escasas competencias y más poder para obrar del deseable para las pequeñas economías españolas.

Si hacemos un breve repaso por los orígenes, causas, factores y por los efectos y consecuencias de esta actual recesión, la opinión pública tiene claro que ha habido excesos de toda índole y cometidos prácticamente por toda la sociedad. Ha habido una política desmesuradamente expansionista de los directores comerciales de empresas grandes y medianas, un abuso de su poder económico por parte de los agentes empresariales, el ansia devoradora de tiburones especuladores que han reventado el mercado de la vivienda, particulares poco prudentes que pidieron préstamos por encima de sus posibilidades para comprarse un gran coche o un chalet, Administraciones Públicas satisfechas que gastaron las buenas cosechas de impuestos sin sembrar productividad para el futuro, inversores particulares que en lugar de invertir en actividades productivas confiaron en los productos financieros basura de su banco o caja para especular a corto plazo, bancos y directores de sus oficinas que vendían esos fondos a sus mejores clientes sin conocimiento alguno sobre ellos y daban préstamos hipotecarios sin garantías para operaciones dudosas con el fin de mejorar sus números personales, etcétera. Estaba aceptado que la burbuja había crecido demasiado y en todos los corrillos se advertía que un día cualquiera iba a estallar.

Se puede recordar cómo, todavía en los últimos tiempos de la cresta de la ola, los que hacían el agosto todos los meses del año pedían a los gobernantes intervención mínima, ya que el mercado se regulaba muy bien solo. A día de hoy, y a pesar de la irritación de sus organizaciones empresariales, el Gobierno central ha seguido muy al pie de la letra aquellas recomendaciones, evidentemente no por voluntad propia sino por incapacidad y desorientación.

Pero al igual que las causas, la opinión pública también tiene claro quienes son las víctimas y quienes los verdugos. En aquella situación de hace un par de años, como en cualquier otra de tensión, para que estalle una crisis o un conflicto hace falta un detonante, como que alguien saque los tanques para invadir Polonia o que todas las entidades financieras rechacen dar cualquier préstamo y no acepten pagarés al cobro de sus clientes (porque han descubierto que sus propios productos financieros estaban podridos y alguien que no son ellos mismos tiene que pagar el pato), todo ello con la bula del Gobierno para actuar libremente y un fondo de rescate de miles de millones de euros sin un fin claro creíble ni control alguno, como única medida.

Por el momento, aunque continúa la masacre de pequeñas empresas y autónomos a manos de la banca por asfixia financiera, con la colaboración de todas las Administraciones por sus impagos y retrasos, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE) acaba de publicar un recuento de víctimas en mayo -100.423 empresas fallecidas en el último año- y, además, la cifra de desempleo en abril llega a 3.644.880 parados. Datos de empresas desaparecidas y de paro hay de todos los sectores salvo de la banca y la política, donde continúan firmes en sus poltronas casi todos los directores y miembros de consejos de administración, como auténticos generales que dictaminan las siguientes empresas en caer. ¿Habrá algún Tribunal de la Haya que juzgue el ‘empresicidio’ que estamos viviendo?

Leer más contenidos de este número