viernes, 30 de octubre de 2009

Las medias tintas del Gobierno contra la morosidad

Son muchos los datos que se vienen publicando en los periódicos todos los días en nuestro país al respecto de cierres de empresas y de aplazamientos en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, junto a otras alarmantes previsiones. Según advierten algunos expertos en los medios, todavía seguiremos un tiempo con este ritmo de desaparición de empresas. Pero si los datos son preocupantes, las causas son inadmisibles. Un estudio del IE Business School afirmaba hace unos meses que en dos años habrá desaparecido el veinte por ciento de las pymes y autónomos por falta de pago por parte de las Administraciones Públicas.

Con el fin de poner remedio a este problema, Convergencia i Unió presentó una propuesta de enmienda a la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que actualmente está en vigor pero que constantemente se incumple. La propuesta establece la inclusión de forma expresa de una ‘limitación a 30 y 60 días máximo para el pago de las deudas’ que, aunque ya tiene ese objetivo implícito para dar cumplimiento a la Directiva europea que limita a 60 días máximo el plazo para pagar las deudas, y que Francia ha legislado desde principio de este año en 45 días, sin embargo en España dicha ley no lo dice de forma expresa. Esta propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en junio y lo lógico es que la reforma hubiera salido ya adelante.

Desde entonces y a pesar de su apoyo en primera instancia, el Grupo Socialista ha venido paralizando la tramitación de esta propuesta con prórrogas y justificando que esa limitación sería contraria al ‘respeto a la libertad de las partes’ y puede ser anticonstitucional. Este argumento sólo cabe en la cabeza de quien desea seguir utilizando esta interpretación a su antojo, esto es, la propia Administración Central, supuestamente socialista, que se alinea con los más tiranos intereses del SEOPAN, asociación patronal que defiende los intereses de las treinta constructoras más importantes de España y controla el 70% de la obra pública del Estado, y cuyo actual presidente David Taguas fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno hasta 2007.

Taguas ha debido convencer a Zapatero de que esa propuesta no es del todo buena para ambos y es mejor para Administración y SEOPAN tener vía libre para seguir imponiendo sus pagos a 120 y 180 días. Esta alianza, o cesión a la presión, tan dañina para el resto del tejido empresarial se produce en la situación de crisis económica que vivimos, en la que la banca continúa sin financiar ni dar créditos al cobro de los pagarés con los que pagan dichas grandes constructoras, con lo que el estrangulamiento de pymes y autónomos es un hecho antes o después.

Acaba de finalizar el plazo de la última prórroga posible para presentar enmiendas parciales a esta ley, que está a punto de iniciar el trámite de su reforma parlamentaria y la modificación que se prevé es una mera imposición de unos intereses en los casos de retraso en los pagos, medida de dudosa puesta en práctica entre empresas.

En este escenario, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad está en pie de guerra ante tal postura del Ejecutivo y ha convocado una Cumbre en Madrid el 18 de noviembre con el fin de valorar la actual Ley y que ha resultado totalmente ineficiente. Otras plataformas vinculadas han planteado iniciativas como declarar el 14 de abril como Día contra la Morosidad de las Administraciones, proponiendo a los empresarios que ese día no se pague ningún impuesto, ni tasa, ni licencia a la Administración.

Sólo ese día, que así sea.

miércoles, 29 de abril de 2009

Editorial nº 13

Ya está a punto de terminar el primer semestre del año 2009 y el panorama de la economía española, la doméstica, de Pymes y de autónomos, se parece cada día más al de un lugar devastado por un asedio, pero sin tener la certeza de que haya pasado ya lo peor. En este caso no se trata de bárbaros medievales venidos de tierras lejanas, sino de bandas organizadas uniformadas de gris marengo y raya diplomática, con sonrisa impertinente, escasas competencias y más poder para obrar del deseable para las pequeñas economías españolas.

Si hacemos un breve repaso por los orígenes, causas, factores y por los efectos y consecuencias de esta actual recesión, la opinión pública tiene claro que ha habido excesos de toda índole y cometidos prácticamente por toda la sociedad. Ha habido una política desmesuradamente expansionista de los directores comerciales de empresas grandes y medianas, un abuso de su poder económico por parte de los agentes empresariales, el ansia devoradora de tiburones especuladores que han reventado el mercado de la vivienda, particulares poco prudentes que pidieron préstamos por encima de sus posibilidades para comprarse un gran coche o un chalet, Administraciones Públicas satisfechas que gastaron las buenas cosechas de impuestos sin sembrar productividad para el futuro, inversores particulares que en lugar de invertir en actividades productivas confiaron en los productos financieros basura de su banco o caja para especular a corto plazo, bancos y directores de sus oficinas que vendían esos fondos a sus mejores clientes sin conocimiento alguno sobre ellos y daban préstamos hipotecarios sin garantías para operaciones dudosas con el fin de mejorar sus números personales, etcétera. Estaba aceptado que la burbuja había crecido demasiado y en todos los corrillos se advertía que un día cualquiera iba a estallar.

Se puede recordar cómo, todavía en los últimos tiempos de la cresta de la ola, los que hacían el agosto todos los meses del año pedían a los gobernantes intervención mínima, ya que el mercado se regulaba muy bien solo. A día de hoy, y a pesar de la irritación de sus organizaciones empresariales, el Gobierno central ha seguido muy al pie de la letra aquellas recomendaciones, evidentemente no por voluntad propia sino por incapacidad y desorientación.

Pero al igual que las causas, la opinión pública también tiene claro quienes son las víctimas y quienes los verdugos. En aquella situación de hace un par de años, como en cualquier otra de tensión, para que estalle una crisis o un conflicto hace falta un detonante, como que alguien saque los tanques para invadir Polonia o que todas las entidades financieras rechacen dar cualquier préstamo y no acepten pagarés al cobro de sus clientes (porque han descubierto que sus propios productos financieros estaban podridos y alguien que no son ellos mismos tiene que pagar el pato), todo ello con la bula del Gobierno para actuar libremente y un fondo de rescate de miles de millones de euros sin un fin claro creíble ni control alguno, como única medida.

Por el momento, aunque continúa la masacre de pequeñas empresas y autónomos a manos de la banca por asfixia financiera, con la colaboración de todas las Administraciones por sus impagos y retrasos, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE) acaba de publicar un recuento de víctimas en mayo -100.423 empresas fallecidas en el último año- y, además, la cifra de desempleo en abril llega a 3.644.880 parados. Datos de empresas desaparecidas y de paro hay de todos los sectores salvo de la banca y la política, donde continúan firmes en sus poltronas casi todos los directores y miembros de consejos de administración, como auténticos generales que dictaminan las siguientes empresas en caer. ¿Habrá algún Tribunal de la Haya que juzgue el ‘empresicidio’ que estamos viviendo?