viernes, 28 de abril de 2006

Editorial Nº 7

Castilla y León parte de una buena posición en infraestructuras de transporte en 2005 y consolida su situación como región con alto nivel de dotación al final del año horizonte 2020, dentro del escenario del PEIT, donde las provincias que hoy carecen de infraestructuras de calidad serán las que más mejoren el nivel de accesibilidad.

Estas son las conclusiones de los efectos del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) sobre el desarrollo territorial de Castilla y León ofrecidas en la ponencia de presentación del Foro de las Infraestructuras y desarrollo regional que se desarrolla en ponencias sucesivas a lo largo de 2006 en nuestra Comunidad.

La red prevista duplicará los kilómetros de autovía gracias a las actuaciones de los Gobiernos central y autonómico. Sin embargo, en un periodo tan largo, la colaboración y entendimiento entre ambas Administraciones, la celeridad para destinar partidas de los presupuestos y la agilidad en los trámites para acometer estas obras en las provincias más desenclavadas, como son Soria y Zamora, son factores decisivos para mejorar esa equidad entre los territorios y no perdure su aislamiento.

Es manifiesta la importancia de las infraestructuras para el progreso económico y social de Castilla y León y una notable contribución al desarrollo territorial más equilibrado. Este fue el punto de partida que impulsó a Cámara de Contratistas de Castilla y León y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a organizar este Foro con el fin de analizar, las necesidades y oportunidades de nuestra región en esta materia.

Como en números anteriores LLAVEMAESTRA DE LA CONSTRUCCIÓN es consciente de la importancia y repercusión económica y social de las infraestructuras, y desarrolla reportajes de las obras más significativas en infraestructuras de carreteras, ferrocarril, hidráulicas, etcétera.

En este número se analiza en profundidad un itinerario clave de conexión territorial para la vertebración del cuadrante noroeste de la península, que será la principal vía de acceso de Cantabria hacia la meseta y oeste de España. Un amplio reportaje muestra la construcción de una vía de alta capacidad como es la Autovía Cantabria-La Meseta, en los tres tramos que se ponen ahora en servicio hasta Frómista, en la provincia de Palencia.

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domingo, 16 de octubre de 2005

Editorial Nº 6

De la presentación por parte de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de los presupuestos para 2006 dentro del Plan de la Vivienda 2005-2008, es destacable todo lo previsto en materia de política de calidad e innovación en la edificación y en la arquitectura. En general, el Plan prevé la construcción de 720.000 nuevas viviendas, con compromiso presupuestario de 1.068 millones de euros para 2006, lo que representa un crecimiento del 20,6% respecto al ejercicio actual y un 57% más que hace dos años.

Más de 960,4 millones de euros se dedicarán a la financiación de los planes de vivienda, distribuidos en cuatro grandes grupos. El primer grupo son subvenciones gestionadas por las CCAA para ayudas a inquilinos, rehabilitación, ayudas a urbanización y ayudas a promotores para vivienda en alquiler y dispone de 239,45 millones de euros. Otros grupos son la subsidiación de préstamos hipotecarios y las ayudas Estatales Directas a la Entrada, para los compradores de vivienda en primer acceso.

El cuarto grupo son subvenciones específicas para atender, mediante convenios con CCAA y Ayuntamientos, las actuaciones de rehabilitación o reposición de parques de viviendas degradadas. Es un programa adicional a los planes de vivienda destinados a situaciones especiales, como la rehabilitación de barrios y zonas degradadas, así como la promoción de viviendas protegidas. Los créditos derivados de estos convenios específicos alcanzarán los 42,77 millones de euros, cantidad que se incrementará con la firma de nuevos convenios para la cofinanciación de viviendas protegidas que presenten experiencias innovadoras o que respondan a criterios de "sostenibilidad".


Promoción de la innovación y la calidad en edificación


La elaboración de propuestas de programas y actuaciones de promoción de la innovación y de la calidad en la edificación y en la vivienda tratan de conseguir, mediante el empleo óptimo de las innovaciones y de las nuevas tecnologías, que las edificaciones y viviendas respondan a la creciente demanda de calidad de la sociedad. A los programas ya existentes, se sumará el Laboratorio de Vivienda, que permitirá incidir y reforzar los medios en esta materia.


El Gobierno pretende aprobar el Código Técnico de la Edificación. Por lo experimentado hasta ahora en algunas Comunidades Autónomas pioneras pero sin mucho éxito, tiene todavía mucho recorrido para mejorar y, en Castilla y León, requiere mucho más compromiso por parte de todos los agentes para poder alcanzar un buen desarrollo del mismo. Según la ministra, necesitará de la puesta en marcha de los mecanismos, reformas y actuaciones necesarias que permitan conseguir la mayor eficacia en su aplicación y de medidas de actualización permanente. El programa prevé que el CTE aprobado debe estar adaptado a la nueva legislación europea y nacional, así como mantener una investigación aplicada, desarrollar herramientas basadas en las tecnologías de la información y preparar una guía del CTE y sus documentos complementarios al Código, que garanticen su difusión y participación en foros internacionales.


Otro de los ejes de actuación del Ministerio se centra en la elaboración de programas que fomenten la edificación sostenible, en cooperación con los agentes de la edificación, así como la realización de actividades de certificación de calidad, para lo que es necesario implementar el desarrollo de herramientas informáticas para una mayor eficiencia energética.


Los programas, se realizarán en base a convenios específicos como el Acuerdo Marco de Colaboración que el Ministerio de Vivienda y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España tienen firmado para el desarrollo de la edificación sostenible. Entre sus actividades previstas para el 2006, destaca la continuación del proyecto internacional Green Building Challenge, donde el equipo español formado por el Ministerio de Vivienda junto al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, y representado en Castilla y León por el Instituto de la Construcción de Castilla y León, consiguió un primer premio en el Congreso Internacional de Tokio al trabajo de investigación realizado para la evaluación energética de los edificios.

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domingo, 24 de abril de 2005

Editorial Nº 5

Los objetivos de Gestión integrada de la información y Coordinación y gestión de las actividades en las obras de construcción, ambos reflejan innovación y, fundamentalmente, el cumplimiento por parte de las empresas que los ponen en práctica de los pilares básicos de una obra bien realizada, como son la calidad, la prevención de riesgos laborales y también el respeto al medio ambiente.

En buena parte, el logro de estos objetivos se consigue mediante el cumplimiento de las normas que se establecen para ello, normas con diferente naturaleza unas de otras.

En mayor o menor medida los empresarios del sector están concienciados de la necesidad y beneficios que tiene la obtención de certificaciones de calidad en la gestión, basados en las normas ISO 9000. Muchas menos empresas son las que ya han apostado por un sistema de gestión de respeto al medio ambiente certificado por las normas europeas ISO 14000. Si bien el cumplimiento de estas es recomendable, solo es obligatorio para algunas empresas que trabajan directamente con ciertas administraciones públicas y no siempre para todos los trabajos. En este sentido, hay muchas empresas que los consideran un gasto evitable y optan por retrasar todo lo posible su obtención; otras que lo obtuvieron, han dejado de mantenerlo por ahorrar ese desembolso; muchas, aún desconocen el contenido de estas normas.

Otro tema bien diferente son las normas en materia de prevención y riesgos laborales, el otro gran objetivo de cumplimiento para una obra bien hecha. Es totalmente obligatorio el conocimiento de la normativa y su puesta en marcha. El Real Decreto 171/2004 sobre los deberes de los agentes en el sector de la construcción deja bien claro las responsabilidades de promotor, constructor, empresas y trabajadores que operan simultáneamente en una obra.


Este Real Decreto en su esencia, obliga a todos los agentes que concurran en una obra a cooperar entre sí manteniendo una información recíproca sobre los riesgos de cada actividad, describiendo si son graves o muy graves en su caso.


La información es el eje sobre el que se basa esta norma. Una buena información bien gestionada y disponible a tiempo por los responsables de tomar decisiones en las obras, en los centros de trabajo y, en general, en las empresas es fundamental tanto para el conocimiento de los riesgos (y también de la oportunidades) como para la toma de decisiones adecuadas en cada situación.


Con el objetivo de facilitar la implantación de un sistema de información útil y que integre todas las necesidades internas de la empresa el Instituto de la Construcción de Castilla y León ha desarrollado las herramientas informáticas y de gestión integrada de la información on line, para su obtención de forma actualizada por el responsable en la obra o en cualquier delegación de la empresa. Muy pocas son las empresas de Castilla y León que han implantado un sistema de gestión interna de la información de estas características, únicamente algunas empresas con espíritu de innovación.


Si esta gestión interna de la información correcta y en tiempo real puede evitar riesgos y ahorrar costes, una adecuada planificación de la comunicación e información externa, al sector, puede generar oportunidades. Cada vez son más los empresarios que se han dado cuenta de la importancia de que invertir en la buena imagen de su empresa y sus productos es muy rentable económica y socialmente, aunque en Castilla y León todavía tenemos cierto retraso con respecto a otras zonas de España.

Es muy importante que nuestras empresas, muchas con potencial para competir en producto o servicios con las de fuera incorporen las nuevas tecnologías en su gestión de la información. De esta manera, podrán cumplir más eficientemente las normas evitando muchos riesgos laborales, ahorrar costes y realizar oportunidades de negocio que hasta ahora desconocía.

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miércoles, 13 de octubre de 2004

Editorial Nº 4

A estas alturas, todos somos conscientes del crecimiento desmesurado de algunas ciudades, en contra de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León que establece en su artículo 34.2 que el planeamiento urbanístico de las ciudades debe estar encaminado a la reconversión de las áreas degradadas y no a su extensión discontinua, además de incorporar nuevos valores sociales y la adecuación del suelo al interés general.

Y es que este rápido crecimiento, sin estar acompañado de un crecimiento paralelo de su población, dista mucho de seguir lo establecido en la citada Ley de Urbanismo y queda al margen de las tendencias de la Unión Europea y del respeto al medio ambiente.

Las actuales políticas de urbanismo de los ayuntamientos fomentan el abandono de sus núcleos urbanos consolidados por parte de la población. Ésta es atraída hacia las áreas naturales dentro de los propios municipios que son reconvertidas en nuevas zonas urbanas mediante las recalificaciones y la cesión de suelo municipal para la construcción de viviendas sociales junto a otras edificaciones de promoción libre.

Hay que preguntarse a quién beneficia realmente una política urbanística expansionista de las ciudades. Estas son naturales cuando aumenta su población, pero en Castilla y León desgraciadamente no es el caso. Supone afrontar un mayor coste económico para la urbanización, instalación de saneamientos y alumbrado público y para servicios como limpieza, seguridad, etcétera, que son soportados por el mismo número de ciudadanos, aumentando el coste de la vida en esa ciudad. Parece claro que muchas de las actuaciones en esta materia priman el interés económico de los promotores inmobiliarios frente al interés general del conjunto de los ciudadanos.

Mientras, los barrios tradicionales están sufriendo una degradación progresiva y con ello un creciente abandono debido a la falta de una política seria y global de dotación de servicios e infraestructuras, para su modernización y habitabilidad. ¿Por qué no se desarrollan las políticas de viviendas sociales conjuntamente con un plan urbanístico en la ciudad consolidada, habiendo como hay tantos solares y edificaciones antiguas ya sin ningún uso?

Uno de los problemas radica en la lentitud con la que se pone en marcha la cesión de suelo municipal para construcción de las viviendas sociales y su posterior entrega. Otro problema, más influyente aún, es la fuerte especulación que los promotores hacen con los solares urbanos hasta que sacan a la venta sus promociones. En este sentido, el nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla y León trata de frenar esta especulación obligando a los promotores a su puesta en el mercado en un plazo máximo de 8 años.

Pero donde deberían volcarse las actuaciones de las administraciones públicas es en los barrios históricos de nuestras ciudades, como ocurre en otras ciudades europeas. Estos necesitan auténticos proyectos globales de rehabilitación, que se desarrollen en ellos las nuevas políticas de vivienda social y se les dote de servicios necesarios para su habitabilidad como centros de ocio, zonas peatonales y mejora de aceras, construcción de aparcamientos públicos gratuitos, etcétera, en lugar de su abandono por nuevas urbanizaciones. Es decir, hacer ciudad sobre ciudad.

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miércoles, 28 de abril de 2004

Editorial Nº 3

La economía española, según datos de SEOPAN creció un 2,4% en el año 2003, más que en el año 2002 y más que el conjunto de la Unión Europea. Según estos datos, los sectores de construcción principalmente y el consumo son los motores de este crecimiento. La construcción representa el 60% de la inversión realizada en España este año.

Las inversiones que realiza la Administración Central en nuestra comunidad se enmarcan básicamente dentro del Protocolo Viaria 2001-2010, para la construcción de vías de gran capacidad y líneas ferroviarias de alta velocidad. La Junta de Castilla y León desarrolla su estrategia de inversión en el sector de la construcción en dos direcciones. Por un lado, las propuestas del Plan Director de Infraestructuras del Transporte a Viaria, junto con el Plan Regional de Carreteras que pretende disminuir los desequilibrios territoriales. Por otro lado, el desarrollo del Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 y el Pacto de Suelo con los principales ayuntamientos de la región, con el fin de promover la construcción de viviendas de protección oficial, con gestión de promotores privados, de los ayuntamientos y de la propia Administración regional. Por su parte, los ayuntamientos tratan de encontrar otras fórmulas para detener la especulación en el precio de las viviendas y ejecutar los planes generales de ordenación urbana de su municipio cumpliendo con las normas del recién aprobado Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Junto a estas actuaciones, destacan, por parte de todos, los esfuerzos constructivos en dotaciones culturales como museos, auditorios y otros, como demostración de lo que se puede llegar a hacer con los ladrillos en momentos de euforia en el sector en una sociedad de bienestar.

Pero la idea de sociedad de bienestar descansa sobre los pilares de una vivienda y un puesto de trabajo dignos. Son evidentes los esfuerzos de la Administración regional en materia de vivienda y calidad con el nuevo marco normativo. Sin embargo, las bases de la situación de euforia en el sector de la construcción y en nuestra Comunidad, se fundamenta en planes citados de grandes inversiones para un plazo de 5 ó 6 años, y en una generación de puestos de trabajo temporales, con sus problemas implícitos de baja formación del personal y alto grado de siniestralidad.

En primer lugar, la falta de mano de obra cualificada se debe en parte a la nula predisposición de los jóvenes castellanos y leoneses para este tipo de trabajos. Esto ha abierto la puerta para los trabajadores extranjeros que, cuando baje el boom en el sector al terminarse la mayoría de las grandes obras proyectadas para estos años, seguramente se irán a buscar trabajo a otra parte. En segundo lugar, el atractivo de inversión en el sector y la nula regulación del ejercicio de la profesión de constructor, ha permitido la entrada de numerosos empresarios, en algunos casos, también con escasa preparación.

Es una realidad que faltan trabajadores con una formación adecuada en el sector de la construcción, y también es una realidad que en nuestras universidades todos los años se incorporan al mercado de trabajo nuevos licenciados con títulos que no se adecuan a las necesidades laborales actuales y emigran a otras ciudades.

Hay que preguntarse si es posible hacer más dinámica la oferta educativa, adaptándola a la realidad económica y empresarial que vivimos. Por otro lado, sería conveniente que nuestras instituciones destinaran una parte más importante de sus inversiones en construcción en formación y fomento de profesiones y empresas, que ligadas al sector de la construcción, requieran de la mano de obra cualificada existente en nuestra región. La promoción de viveros de empresas en los nuevos parques tecnológicos, son fórmulas que están empezando a ponerse en marcha. Otra iniciativa muy importante es la participación temporal en el capital de nuevas empresas por parte de universidades y resto de instituciones, para desarrollar proyectos relacionados con la construcción, como son la investigación en energías renovables, prevención de riesgos, control de calidad de materiales, medio ambiente, dirección y coordinación de obras, telecomunicaciones, etcétera. Todo este tipo de empresas requieren de profesionales con preparaciones que actualmente se imparten en Castilla y León y están directamente relacionadas con el sector de la construcción.

Por lo tanto, es necesario poner pronto unos buenos cimientos en formación de los agentes actuales y en promoción de los nuevos profesionales, si no queremos que por nuestras nuevas autovías circulen solo los turistas que vienen de visita a ver los museos que con tanto empeño se están construyendo, mientras que los castellanos y leoneses tienen que buscar su porvenir en otra parte.

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jueves, 25 de marzo de 2004

Editorial Nº 2

El precio de la vivienda aparece en lugar destacado como una de las principales preocupaciones de los españoles según las últimas encuestas publicadas. No en vano su crecimiento viene siendo imparable desde hace años.

Como todo el mundo sabe a estas alturas, el gran problema de la vivienda en España reside en el valor del suelo, que actualmente supone alrededor del 60% del precio final de la vivienda. Aunque sea fácil señalar a constructoras y promotoras inmobiliarias, el valor del suelo es excesivo y es la causa principal, aunque no la única, de la hiperinflación inmobiliaria.

Tampoco se puede pedir soluciones solamente a la Administración Central, ya que desde hace unos años, las comunidades autónomas reclamaron las competencias y fueron concedidas. Por lo tanto, son los gobiernos autonómicos y no la Administración Central los que tienen las competencias y mecanismos para arreglar este problema.

La raíz del problema se encuentra en la financiación de los ayuntamientos y se ha acentuado a partir de este año con la supresión, por parte del Gobierno Central, del pago del impuesto municipal del I.A.E para las pymes. Actualmente la vivienda supone un 45% de los ingresos de los ayuntamientos en el conjunto de España. Explotan el suelo como su fuente más importante de ingresos ante la escasez de otras vías de financiación.

España es un país despoblado y mucho más aún Castilla y León, donde no podemos hablar de escasez de suelo en ningún caso. Aún así, la política de vivienda y suelo se ha convertido en la herramienta más valiosa para la hacienda de los ayuntamientos. Basta un simple trámite administrativo, para recalificar terrenos rústicos en urbanizables dependiendo de sus necesidades recaudatorias, y no de las necesidades del mercado o las posibilidades económicas de los ciudadanos. Desde hace unos años, se ha venido imponiendo una política de liberalización de terrenos para la construcción privada. Su objetivo, crear más oferta. Se suponía que con ello, siguiendo el manual liberal, obtendríamos un descenso en el precio de la vivienda. Lo que ha sucedido, sin embargo, ha sido todo lo contrario. El alto precio del suelo ha hecho que de salida, el precio final de las viviendas sea tan elevado que deja fuera de su alcance a la mayor parte de la población, justo quienes las necesitan para vivir.

Nadie está exento de responsabilidad en este problema. Los ayuntamientos piden una mayor asignación en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, desde la Administración Central urge que se articule, con el consenso de las principales fuerzas políticas, una ley de financiación para comunidades y municipios, que incorpore nuevas fuentes de ingresos para estas instituciones. Esta medida, reclamada desde diferentes sectores, permitiría un alivio en la presión fiscal y la reducción del precio público del suelo. Se contribuiría así, a un reajuste en el precio de las viviendas de una manera eficaz.

En esta edición de LLAVEMAESTRA DE LA CONSTRUCCIÓN, se ofrece un desarrollo amplio del Plan Director de Vivienda y Suelo, una iniciativa de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, donde se detallan los incentivos a la oferta para las empresas constructoras.

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