El precio de la vivienda aparece en lugar destacado como una de las principales preocupaciones de los españoles según las últimas encuestas publicadas. No en vano su crecimiento viene siendo imparable desde hace años.Como todo el mundo sabe a estas alturas, el gran problema de la vivienda en España reside en el valor del suelo, que actualmente supone alrededor del 60% del precio final de la vivienda. Aunque sea fácil señalar a constructoras y promotoras inmobiliarias, el valor del suelo es excesivo y es la causa principal, aunque no la única, de la hiperinflación inmobiliaria.
Tampoco se puede pedir soluciones solamente a la Administración Central, ya que desde hace unos años, las comunidades autónomas reclamaron las competencias y fueron concedidas. Por lo tanto, son los gobiernos autonómicos y no la Administración Central los que tienen las competencias y mecanismos para arreglar este problema.
La raíz del problema se encuentra en la financiación de los ayuntamientos y se ha acentuado a partir de este año con la supresión, por parte del Gobierno Central, del pago del impuesto municipal del I.A.E para las pymes. Actualmente la vivienda supone un 45% de los ingresos de los ayuntamientos en el conjunto de España. Explotan el suelo como su fuente más importante de ingresos ante la escasez de otras vías de financiación.
España es un país despoblado y mucho más aún Castilla y León, donde no podemos hablar de escasez de suelo en ningún caso. Aún así, la política de vivienda y suelo se ha convertido en la herramienta más valiosa para la hacienda de los ayuntamientos. Basta un simple trámite administrativo, para recalificar terrenos rústicos en urbanizables dependiendo de sus necesidades recaudatorias, y no de las necesidades del mercado o las posibilidades económicas de los ciudadanos. Desde hace unos años, se ha venido imponiendo una política de liberalización de terrenos para la construcción privada. Su objetivo, crear más oferta. Se suponía que con ello, siguiendo el manual liberal, obtendríamos un descenso en el precio de la vivienda. Lo que ha sucedido, sin embargo, ha sido todo lo contrario. El alto precio del suelo ha hecho que de salida, el precio final de las viviendas sea tan elevado que deja fuera de su alcance a la mayor parte de la población, justo quienes las necesitan para vivir.
Nadie está exento de responsabilidad en este problema. Los ayuntamientos piden una mayor asignación en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, desde la Administración Central urge que se articule, con el consenso de las principales fuerzas políticas, una ley de financiación para comunidades y municipios, que incorpore nuevas fuentes de ingresos para estas instituciones. Esta medida, reclamada desde diferentes sectores, permitiría un alivio en la presión fiscal y la reducción del precio público del suelo. Se contribuiría así, a un reajuste en el precio de las viviendas de una manera eficaz.
Leer más contenidos de este número
No hay comentarios:
Publicar un comentario