Directivo profesional, por una empresa más segura

Desde hace unos meses, los colegios de arquitectos, de aparejadores y de las diversas ingenierías están muy revueltos e incómodos con el Gobierno y con disputas entre ellos mismos, por la aplicación de la Ley Ómnibus que pretende potenciar la transparencia, simplificar trámites y favorecer los derechos de los consumidores. Así, desde principio de año tienen en marcha la campaña ‘Visado profesional, por una sociedad más segura’, bajo la cual tratan de defender a ultranza competencias profesionales privativas, que desde hace décadas cada colegio ostenta para sus miembros colegiados en exclusividad.

Mediante comunicados y charlas tratan de concienciar de que eliminar ese visado obligatorio es poner en peligro la seguridad ciudadana al no poder garantizar los proyectos que no estén visados. De forma similar trabajan los colegios de médicos y abogados para retener sus ancestrales privilegios.

Al contrario que ocurre en las profesiones anteriores, de competencias en exclusiva en aras de la citada seguridad, cualquiera puede ejercer otras profesiones de responsabilidad social como lo es la Dirección de empresa. Basta tener dinero y un poco de atrevimiento para que, sin ningún requisito en conocimientos de finanzas, contabilidad, dirección estratégica, márketing o recursos humanos, puedan encontrarse al mando de una empresa. Esto es, decidiendo las contrataciones, los sueldos y los despidos de los trabajadores, las compras e incluso inversiones en terrenos, pisos o maquinaria, negociando los préstamos con los bancos o estableciendo precios de venta.

Así, se forjaron rápidamente muchas constructoras e inmobiliarias en la época del boom, dirigidas en exclusiva por sus propietarios fundadores, gracias a lo que pensaban que era su gran ‘olfato para los negocios’. Mientras, los profesionales de dirección de empresas no tienen acceso a los puestos con responsabilidad de decisión, gestión y análisis, y ocupan puestos meramente administrativos. Algunas empresas también se sirven de una asesoría externa principalmente para tareas mecánicas y asesoramiento puntual en conflictos internos, más que para tomar las decisiones estratégicas como autoridad en la materia.

Si un arquitecto es el único que puede realizar ciertos trabajos por sus conocimientos, -así como un capitán de navío es el único que puede llevar el timón de un barco y un piloto pilotar un avión-, ese mismo arquitecto no puede ser el que decida los sueldos, la viabilidad de las operaciones financieras y la estrategia de precios o de comunicación en una empresa, de la actividad que sea, porque no está preparado para llevar el destino de los trabajadores de esa empresa y de sus familias, ya sean tres o cien. Sin directivos profesionales al frente, en un escenario estable pueden sobrevivir con cierto éxito, pero ante una situación de cambio brusco carecen de las competencias directivas necesarias para haber obrado con prudencia previamente y saber maniobrar con destreza en el momento preciso, y habrán hundido sus empresas y a sus trabajadores porque, según suelen decir, ‘les pilló con el pie cambiado’, como si de algo accidental o mala suerte se tratase.

Esta situación también la han vivido y viven muchas empresas familiares, que también deben profesionalizarse, además de en el área productiva, en los puestos directivos. En estos años de desaparición de tantas empresas mal conformadas, y de mutación del tejido empresarial en España y a nivel mundial, hay empresas familiares que se han fortalecido con la profesionalización en cada puesto, gracias también a que las nuevas generaciones han sabido formarse y ocupar en esa empresa el puesto para el que se han preparado. Un ejemplo de esta filosofía es la empresa vallisoletana Ascensores Zener, que mantiene la cultura familiar combinada con la puesta en funcionamiento de su nuevo centro administrativo y de I+D, donde ha creado nuevos puestos para dar empleo a profesionales, precisamente en este año 2010 en el que muchas empresas optan por desprenderse de su valor humano para intentar mantenerse vivas.

En este número, presentamos este nuevo centro de investigación con torre de pruebas recién inaugurado en Valladolid, además de grandes obras de infraestructuras y la gran actualidad normativa de estos meses, que tratamos en nuestras secciones habituales.

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Año de nieves, año de bienes

Es cierto que dentro de nuestro sector de construcción, el grado de dependencia respecto de la Administración Pública es casi total y en cuanto la incapacidad y la inutilidad de ésta se han puesto de manifiesto en todas sus formas posibles, muchas de las empresas que no diversificaron ni investigaron nuevos campos de actividad y que triunfaban con solo dejarse ver por los despachos de los directores de área y jefes de servicio, ahora están totalmente perdidas y sin rumbo, y han arrastrado con ellas a muchas otras empresas que eran proveedoras y se han visto igualmente estranguladas. Se dice que días de mucho son vísperas de nada, y tras dilapidar en poco tiempo todos sus recursos, la actual paralización de todas las inversiones de las obras de las distintas Administraciones -que supone una vuelta de tuerca más para terminar de asfixiar el sector de construcción tal como estaba concebido hasta ahora-, debería haber sido prevista al menos en parte por muchos gerentes de empresas contratistas y auxiliares.

A pesar de lo anterior, en lo que afecta al presente, también se sabe que año de nieves es año de bienes. Tras las desmesuradas inversiones de los años anteriores, muchas con presupuestos demasiado elevados y poco controlados, este 2010 es el año en el que muchas de esas grandes obras se culminan y se ponen de largo en Castilla y León. Obras de infraestructuras de transporte, de dotaciones culturales, obras de promoción privada y pública, de restauración y proyectos de arquitectura sostenible, etcétera. Gracias a ello, en este número ofrecemos reportajes de obras de gran interés y relevancia, seleccionadas entre muchas que finalizan este año.

Destaca, también como ejemplo de desmesurado presupuesto, el Museo de la Evolución Humana y resto de dotaciones a su alrededor, como son el Auditorio y el Centro de Investigación, que vienen a sumarse a otras recientes inversiones en Burgos como son el aeropuerto y la nueva estación de ferrocarril y, junto al nuevo boulevard urbano, en pocos años habrán transformado Burgos en una ciudad moderna y más eficiente de cara al futuro. Aunque ahora también tiene el reto como ciudad de saber rentabilizar el esfuerzo público.

Además de las obras, muchos temas de gran trascendencia y actualidad para el sector se tratan en este número. El debate de la Ley Ómnibus y el visado profesional, las Inspecciones Técnicas de las construcciones, la primera aplicación de la Ley del Ruido de Castilla y León a viviendas de protección y la Certificación acústica, los nuevos decretos en prevención de riesgos laborales, y la presentación de empresas con aire fresco que proponen nuevos sistemas y formas de trabajar, marcarán el futuro del sector de construcción en los próximos tiempos.

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Las medias tintas del Gobierno contra la morosidad

Son muchos los datos que se vienen publicando en los periódicos todos los días en nuestro país al respecto de cierres de empresas y de aplazamientos en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, junto a otras alarmantes previsiones. Según advierten algunos expertos en los medios, todavía seguiremos un tiempo con este ritmo de desaparición de empresas. Pero si los datos son preocupantes, las causas son inadmisibles. Un estudio del IE Business School afirmaba hace unos meses que en dos años habrá desaparecido el veinte por ciento de las pymes y autónomos por falta de pago por parte de las Administraciones Públicas.

Con el fin de poner remedio a este problema, Convergencia i Unió presentó una propuesta de enmienda a la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que actualmente está en vigor pero que constantemente se incumple. La propuesta establece la inclusión de forma expresa de una ‘limitación a 30 y 60 días máximo para el pago de las deudas’ que, aunque ya tiene ese objetivo implícito para dar cumplimiento a la Directiva europea que limita a 60 días máximo el plazo para pagar las deudas, y que Francia ha legislado desde principio de este año en 45 días, sin embargo en España dicha ley no lo dice de forma expresa. Esta propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en junio y lo lógico es que la reforma hubiera salido ya adelante.

Desde entonces y a pesar de su apoyo en primera instancia, el Grupo Socialista ha venido paralizando la tramitación de esta propuesta con prórrogas y justificando que esa limitación sería contraria al ‘respeto a la libertad de las partes’ y puede ser anticonstitucional. Este argumento sólo cabe en la cabeza de quien desea seguir utilizando esta interpretación a su antojo, esto es, la propia Administración Central, supuestamente socialista, que se alinea con los más tiranos intereses del SEOPAN, asociación patronal que defiende los intereses de las treinta constructoras más importantes de España y controla el 70% de la obra pública del Estado, y cuyo actual presidente David Taguas fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno hasta 2007.

Taguas ha debido convencer a Zapatero de que esa propuesta no es del todo buena para ambos y es mejor para Administración y SEOPAN tener vía libre para seguir imponiendo sus pagos a 120 y 180 días. Esta alianza, o cesión a la presión, tan dañina para el resto del tejido empresarial se produce en la situación de crisis económica que vivimos, en la que la banca continúa sin financiar ni dar créditos al cobro de los pagarés con los que pagan dichas grandes constructoras, con lo que el estrangulamiento de pymes y autónomos es un hecho antes o después.

Acaba de finalizar el plazo de la última prórroga posible para presentar enmiendas parciales a esta ley, que está a punto de iniciar el trámite de su reforma parlamentaria y la modificación que se prevé es una mera imposición de unos intereses en los casos de retraso en los pagos, medida de dudosa puesta en práctica entre empresas.

En este escenario, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad está en pie de guerra ante tal postura del Ejecutivo y ha convocado una Cumbre en Madrid el 18 de noviembre con el fin de valorar la actual Ley y que ha resultado totalmente ineficiente. Otras plataformas vinculadas han planteado iniciativas como declarar el 14 de abril como Día contra la Morosidad de las Administraciones, proponiendo a los empresarios que ese día no se pague ningún impuesto, ni tasa, ni licencia a la Administración.

Sólo ese día, que así sea.

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Editorial nº 13

Ya está a punto de terminar el primer semestre del año 2009 y el panorama de la economía española, la doméstica, de Pymes y de autónomos, se parece cada día más al de un lugar devastado por un asedio, pero sin tener la certeza de que haya pasado ya lo peor. En este caso no se trata de bárbaros medievales venidos de tierras lejanas, sino de bandas organizadas uniformadas de gris marengo y raya diplomática, con sonrisa impertinente, escasas competencias y más poder para obrar del deseable para las pequeñas economías españolas.

Si hacemos un breve repaso por los orígenes, causas, factores y por los efectos y consecuencias de esta actual recesión, la opinión pública tiene claro que ha habido excesos de toda índole y cometidos prácticamente por toda la sociedad. Ha habido una política desmesuradamente expansionista de los directores comerciales de empresas grandes y medianas, un abuso de su poder económico por parte de los agentes empresariales, el ansia devoradora de tiburones especuladores que han reventado el mercado de la vivienda, particulares poco prudentes que pidieron préstamos por encima de sus posibilidades para comprarse un gran coche o un chalet, Administraciones Públicas satisfechas que gastaron las buenas cosechas de impuestos sin sembrar productividad para el futuro, inversores particulares que en lugar de invertir en actividades productivas confiaron en los productos financieros basura de su banco o caja para especular a corto plazo, bancos y directores de sus oficinas que vendían esos fondos a sus mejores clientes sin conocimiento alguno sobre ellos y daban préstamos hipotecarios sin garantías para operaciones dudosas con el fin de mejorar sus números personales, etcétera. Estaba aceptado que la burbuja había crecido demasiado y en todos los corrillos se advertía que un día cualquiera iba a estallar.

Se puede recordar cómo, todavía en los últimos tiempos de la cresta de la ola, los que hacían el agosto todos los meses del año pedían a los gobernantes intervención mínima, ya que el mercado se regulaba muy bien solo. A día de hoy, y a pesar de la irritación de sus organizaciones empresariales, el Gobierno central ha seguido muy al pie de la letra aquellas recomendaciones, evidentemente no por voluntad propia sino por incapacidad y desorientación.

Pero al igual que las causas, la opinión pública también tiene claro quienes son las víctimas y quienes los verdugos. En aquella situación de hace un par de años, como en cualquier otra de tensión, para que estalle una crisis o un conflicto hace falta un detonante, como que alguien saque los tanques para invadir Polonia o que todas las entidades financieras rechacen dar cualquier préstamo y no acepten pagarés al cobro de sus clientes (porque han descubierto que sus propios productos financieros estaban podridos y alguien que no son ellos mismos tiene que pagar el pato), todo ello con la bula del Gobierno para actuar libremente y un fondo de rescate de miles de millones de euros sin un fin claro creíble ni control alguno, como única medida.

Por el momento, aunque continúa la masacre de pequeñas empresas y autónomos a manos de la banca por asfixia financiera, con la colaboración de todas las Administraciones por sus impagos y retrasos, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE) acaba de publicar un recuento de víctimas en mayo -100.423 empresas fallecidas en el último año- y, además, la cifra de desempleo en abril llega a 3.644.880 parados. Datos de empresas desaparecidas y de paro hay de todos los sectores salvo de la banca y la política, donde continúan firmes en sus poltronas casi todos los directores y miembros de consejos de administración, como auténticos generales que dictaminan las siguientes empresas en caer. ¿Habrá algún Tribunal de la Haya que juzgue el ‘empresicidio’ que estamos viviendo?

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Editorial nº 12

Este año, más que cualquier otro, era necesario esforzarse un poco más entre todos los agentes relacionados con el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, con el fin de crear algo de optimismo en el mercado de la vivienda y reactivar en lo posible la demanda. En estas circunstancias, puede que no haya un logro mejor para los promotores inmobiliarios que poder organizar una feria de vivienda en una ciudad cerca de donde están sus promociones. Disponer de un evento que consiga atraer público y donde entre todos, como expositores inmobiliarios, se reúnan y puedan crear juntos ese ansiado ambiente positivo con toda su creatividad y saber hacer, con el que encandilar a esos aspirantes a la compra que habrán asistido con esperanza de encontrar una vivienda acorde a sus necesidades. En no muchas ciudades se puede organizar una feria inmobiliaria.

Este pasado mes de noviembre se ha celebrado la séptima edición de la Feria VIVIENDA en Valladolid, que se organiza cada dos años. El resultado final de presencia de visitantes y expositores no ha sido bueno, salvo de algunos gremios auxiliares, en especial, el de piedra natural encabezado por su asociación Pinacal. Sobre todo, llama la atención la ausencia casi absoluta de promotores inmobiliarios y la desaparición por completo del salón inmobiliario dentro del certamen. No se entiende tal ausencia y cómo es posible que las asociaciones que les representan y la propia organización hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo para mantener dicho salón, incluso con más fuerza, más empresas y mejor ambiente.

VIVIENDA es la feria para los promotores de Castilla y León. Son cuatro días en los que se pueden juntar distintos y variados perfiles de compradores. En la feria se dan las mejores condiciones y oportunidades para vender sus viviendas, con poco que pongan de su parte, de todo lo acumulado hasta hace pocas fechas. Sólo tres honrosas excepciones han asistido y, lógicamente, su inversión y esfuerzo ha tenido recompensa y han terminado con un notable éxito en términos generales.

Lejos de esta deseable actitud proactiva, la actual estrategia general del sector inmobiliario sigue basada en continuar con el discurso del lamento por su situación y culpabilizando a todas las Administraciones y Gobiernos, mientras se perpetúa la incapacidad en algunos casos y la nula predisposición en muchos otros, para la venta de las viviendas. Se puede pedir, pero primero hay que poner para poder recoger.

Hasta ahora, en muchas empresas falta adaptación y adecuadas estrategias de marketing y en sus cuatro conocidas variables: producto, plaza, publicidad y precio, sobre todo esta última. Y desarrollar acciones con mayor dedicación, inversión e ingenio, de forma individual o en asociación, con políticas realistas y acordes a los tiempos en que vivimos y que viviremos. Lo contrario significa no haberse despertado del sueño de la venta fácil y en plaza y de los márgenes privilegiados, de forma que no se estará contribuyendo a recuperar la confianza para dinamizar las ventas.

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Editorial nº 11

En un momento en que el sector de la construcción, mejor dicho, el de la promoción inmobiliaria se ha estancado y se prevé que siga estándolo, entre otros factores, hasta que los precios de la oferta de suelo y de la vivienda final se adecuen a la baja a la realidad del mercado, las obras de la Administración cobran mayor relevancia y han de ser, con sus mayores inversiones en número y presupuesto, las que mantengan la actividad tanto para los profesionales proyectistas como para las empresas adjudicatarias de las obras.

En los últimos años se han ido empezando y terminando algunas obras de infraestructuras que van cubriendo algunas de las necesidades básicas en cuanto a comunicaciones, suelo industrial y bienestar social, en algunas provincias más que en otras, para recuperar el retraso histórico de nuestra región. Así, también toma peso las inversiones en satisfacer las necesidades culturales y de ocio. Gracias a nuestro inmenso patrimonio arquitectónico, que a la vez es histórico y artístico, las inversiones en obras para recuperarlo y darle un nuevo uso, a la vez que respetarlo y conservarlo tal como llega a nuestros días, va calando en nuestra sociedad (en las corporaciones locales a veces muy lentamente) que son nuevas oportunidades de generar riqueza y empleo, diferentes a la promoción inmobiliaria, en la zona donde se ubica dicho patrimonio. En este número de LLavemaestra de la Construcción analizamos principalmente intervenciones en patrimonio, todas ellas con la más alta calificación de protección a nivel nacional y mundial y tienen que ver en su origen con la arquitectura militar. Y, como ocurre con la mayoría de estos bienes, han evolucionado durante siglos de acuerdo a la personalidad y mentalidad de la sociedad que les ha rodeado. Con sus épocas de esplendor, sus decadencias y actuaciones oscuras y su resurgimiento en los últimos años, como estandarte de la ciudad a la que representan. Descubrimos la recuperación del castillo de Ponferrada, como un libro abierto que nos muestra en su recorrido museístico lo que fue en sus distintas etapas; las murallas de Ávila, con el adarve que se pretende hacerlo accesible en casi toda su longitud; y la rehabilitación del Área dentro del recinto amurallado de Arévalo. Es de agradecer que algunas de estas importantes intervenciones hayan sido dirigidas por arquitectos de nuestra Comunidad, especialmente dedicados a la rehabilitación y restauración de patrimonio, muy conocedores y responsabilizados con su tierra e incluso más accesibles a la hora de poder entender sus obras que otros foráneos; frente a otras grandes obras institucionales marcadas por el criterio de arquitecto de renombre, donde lo importante es que dicho nombre o renombre sea de muy lejos.

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