Editorial nº 11

En un momento en que el sector de la construcción, mejor dicho, el de la promoción inmobiliaria se ha estancado y se prevé que siga estándolo, entre otros factores, hasta que los precios de la oferta de suelo y de la vivienda final se adecuen a la baja a la realidad del mercado, las obras de la Administración cobran mayor relevancia y han de ser, con sus mayores inversiones en número y presupuesto, las que mantengan la actividad tanto para los profesionales proyectistas como para las empresas adjudicatarias de las obras.

En los últimos años se han ido empezando y terminando algunas obras de infraestructuras que van cubriendo algunas de las necesidades básicas en cuanto a comunicaciones, suelo industrial y bienestar social, en algunas provincias más que en otras, para recuperar el retraso histórico de nuestra región. Así, también toma peso las inversiones en satisfacer las necesidades culturales y de ocio. Gracias a nuestro inmenso patrimonio arquitectónico, que a la vez es histórico y artístico, las inversiones en obras para recuperarlo y darle un nuevo uso, a la vez que respetarlo y conservarlo tal como llega a nuestros días, va calando en nuestra sociedad (en las corporaciones locales a veces muy lentamente) que son nuevas oportunidades de generar riqueza y empleo, diferentes a la promoción inmobiliaria, en la zona donde se ubica dicho patrimonio. En este número de LLavemaestra de la Construcción analizamos principalmente intervenciones en patrimonio, todas ellas con la más alta calificación de protección a nivel nacional y mundial y tienen que ver en su origen con la arquitectura militar. Y, como ocurre con la mayoría de estos bienes, han evolucionado durante siglos de acuerdo a la personalidad y mentalidad de la sociedad que les ha rodeado. Con sus épocas de esplendor, sus decadencias y actuaciones oscuras y su resurgimiento en los últimos años, como estandarte de la ciudad a la que representan. Descubrimos la recuperación del castillo de Ponferrada, como un libro abierto que nos muestra en su recorrido museístico lo que fue en sus distintas etapas; las murallas de Ávila, con el adarve que se pretende hacerlo accesible en casi toda su longitud; y la rehabilitación del Área dentro del recinto amurallado de Arévalo. Es de agradecer que algunas de estas importantes intervenciones hayan sido dirigidas por arquitectos de nuestra Comunidad, especialmente dedicados a la rehabilitación y restauración de patrimonio, muy conocedores y responsabilizados con su tierra e incluso más accesibles a la hora de poder entender sus obras que otros foráneos; frente a otras grandes obras institucionales marcadas por el criterio de arquitecto de renombre, donde lo importante es que dicho nombre o renombre sea de muy lejos.

Leer más información de este número.

Editorial nº 10

Estimular la oferta o la demanda

Parece lógica la estrategia de comunicación del sector inmobiliario a nivel generalizado, en los últimos meses, de lanzar un mensaje explicando que la situación es la prevista y estamos ante una progresiva normalización del sector y todo va bien. Digamos que cuanto más se están frenando las ventas, más grandes son los titulares con este mensaje. De forma paralela, es curioso ver como, desde los mismos medios, se lanzan S.O.S. pidiendo auxilio a las Administraciones para que animen a la demanda como sea para se mantengan a flote sus ventas de viviendas e incluso los precios tan desorbitados que tienen actualmente. Pero lo más interesante es que quienes ahora piden esta ayuda salvadora a papá Estado y a mamá Autonomía, hace apenas uno o dos años no querían que la Administración interviniese en nada y menos que regulase el mercado para frenar la euforia de la que entonces se disfrutaba. Había que dejar que el mercado actuara, como dicen los principios del libre mercado.
Echando la vista atrás, hace dos y tres años se justificaba que los precios crecieran porque había demanda dispuesta a pagarlos y que habría una moderación consistente en un crecimiento de los precios cada año del 4-6%. Como es lógico, del 15-17% de hace un par de años, hemos pasado al 5-6% en 2007 y las grandes consultoras y financieras a nivel internacional ya pronostican una reducción de precios generalizada en España para 2008.
Y es que el ansia de producir y vender todo tan rápidamente por parte del sector inmobiliario durante estos años junto al fomento y permisibilidad del crecimiento desmesurado de las ciudades por parte de las autoridades responsables en urbanismo y vivienda, principalmente las de ámbito local, ha acabado creando un escenario de empacho generalizado de la demanda, que ha desaparecido casi por completo. Es decir, quien quería vivienda para invertir ya lo ha hecho y ahora ya no resulta rentable y quien la necesita para vivir no puede pagarla.
En lugar de alentar a la demanda de compra, más bien al contrario, habría que alentar la oferta a precios más racionales, si es preciso, bajo el mismo sistema de libre mercado que los infló, para que actúe desinflándolos lo necesario ante la grandísima cantidad de oferta nueva y de segunda mano existente hasta que la demanda responda. La oferta ahora debería enfocar su estrategia a dar mucho más valor añadido: mejores acabados, equipamiento, publicidad para la venta y, sobretodo, reconsiderar los precios.
Sobre las medidas del Gobierno para fomento del alquiler recientemente anunciadas por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, que entrarán en vigor con el año nuevo, todas ellas se están recibiendo muy bien por la opinión pública y también por el sector inmobiliario, ya que principalmente incentivan la demanda.
Pero, a día de hoy, faltan dos asuntos por aclararse. En primer lugar, la gestión. Qué deben hacer los aspirantes a las ayudas, cuándo las empiezan a recibir de forma efectiva y a qué ventanilla deben dirigirse. El otro punto importante es saber cómo se va a controlar el aumento del precio del alquiler. La oferta, que son los propietarios, aparte de los incentivos económicos directos, está recibiendo desde ya el deseado estímulo a la demanda. Y desde ya, ese estímulo se está utilizando para subir el precio de los alquileres en lugar de, como se pretende, aumentar la oferta de forma considerable.
Para evitar que las medidas tengan el efecto contrario al deseado, es necesario actuar sobre la oferta, aunque guste menos a ésta. Las medidas de Chacón deberían incluir algún límite en el precio del alquiler, al igual que se hace con la edad y salario de los inquilinos, bien por metro cuadrado de superficie o bien creando unos precios máximos por tramos de superficie, que figure en el contrato de aquellos propietarios e inquilinos que quieran recibir sus respectivas ayudas. Así, los inquilinos que cumplan los requisitos buscarán los pisos con estas características y los propietarios no crearán inflación ni se aprovecharán de la parte contratante más débil, resultando al final los únicos realmente beneficiados.
Antes de que sea tarde, este nuevo marco de medidas generales que establece el Gobierno central puede y debe ser bien complementado, por el propio Ministerio de Vivienda y por la Junta de Castilla y León, ya que son los gobiernos autonómicos los que tienen las competencias y responsabilidades de desarrollar las políticas de vivienda en su territorio

Leer más información de este número

Editorial Nº9

Parece que con resolver todas las dudas y complicaciones que trae la aplicación del Código Técnico de la Edificación, las empresas del sector ya deberían tener suficiente materia para aprender y ponerlo en práctica durante un cierto tiempo. Pero nada más lejos de la realidad.
Tan solo veintiún días después del inicio de la obligatoriedad de aplicación del Código Técnico de la Edificación, desde el pasado 29 de marzo, ya tenemos en vigor desde el 19 de abril la nueva Ley que regula todos los procesos de subcontratación en el sector de la construcción. En cualquier caso, la citada Ley de Subcontratación ya se conoce desde que se publicara en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de octubre de 2006. Desde entonces han pasado seis meses y algunas jornadas técnicas se han celebrado para analizar y poner en conocimiento de los interesados los puntos más interesantes de esta Ley.
Sin embargo, parece que no es hasta ahora cuando se empiezan a descubrir las sorpresas que la aplicación de dicha Ley tiene guardadas. Para ello, nada mejor que asistir a estas jornadas informativas o leer lo que de ellas se publica en los diarios, para darse cuenta de la valoración de los expertos y responsables de los distintos agentes del sector afectados, positiva pero a la espera de los acontecimientos.
El objetivo final que se persigue con la puesta en marcha de esta Ley es reducir la siniestralidad laboral efectiva y los riesgos que conducen a ella. Es una nueva herramienta legislativa que se suma a las normas ya existentes de prevención y control en las obras y al fomento que, desde los organismos públicos y privados, se realiza para la formación de los trabajadores por parte de los empresarios.
Pero estamos cansados de leer y escuchar que las causas de la siniestralidad son precisamente esta falta de formación por parte de los trabajadores y su alta temporalidad, la primera condicionada por la segunda; por eso ahora se quiere acabar de forma clara y efectiva con dicho exceso de temporalidad en las contrataciones de trabajadores por parte de las empresas.
Hasta aquí el objetivo. La realidad es que el método para conseguir los frutos va a transformar la organización del trabajo en las obras. Dicha transformación, como cualquier otra en cualquier sector económico, va a traer algo de agitación y un inicial aumento del paro en la construcción. Y de eso también se han dado cuenta los agentes, que a la vez que valoran el ordenamiento del sector palpan la introducción de un muy alto grado de incertidumbre para la continuidad de muchas empresas y los trabajadores de éstas (aunque éstos tuvieran contrato temporal) e incluso para muchos autónomos del sector, a los que también afecta.
Tal como publicó el diario Expansión el pasado 16 de abril, la inspección de Trabajo dejará contra las cuerdas a las empresas que no cumplan con los criterios de transparencia que se exigen. Ya se prevé por parte de los agentes empresariales y sindicales que cerca del 5% de las sociedades que están en activo en el sector tendrán que poner fin a su actividad, lo que se traduciría en Castilla y León a cerca de 200 empresas si solo a constructoras nos referimos y sin contabilizar los subcontratistas autónomos. Por lo que es muy importante, a la vez, saber cómo se va a producir la absorción de estos trabajadores por parte de las empresas con mayor estructura y solidez, de una forma tan rápida como se les va a invitar a dejar su pequeña empresa anterior.

Leer más información de este número

Editorial Nº 8

Los recientes datos de empleo de este tercer trimestre, ofrecidos por la Encuesta de Población Activa, muestran un resultado global muy positivo: una nueva bajada de la tasa de desempleo, que se sitúa en el 8,1% de la población activa, la más baja desde hace 27 años en nuestro país y por debajo de Francia (9%) y Alemania (8,5%). En este periodo, España es el país de Europa que más empleo ha creado, afirmación que nunca había podido decirse antes. Sin embargo, alguna información complementaria no es tan buena, ya que el nivel de temporalidad alcanza el nivel más alto desde hace 11 años.

Aunque podemos hacer muchos análisis, como la aportación por Comunidades, por sexos, por población nacional y extranjera, es significativo el dato por sectores, que nos indica que la construcción sigue siendo quien tira del carro de la creación de empleo, junto con el sector servicios. Esta lectura precisamente podría ser la que nos muestra el lado menos bueno, ya que las contrataciones en la construcción tienen todavía un nivel de temporalidad muy alto, el sector se está enfriando y, si se cumplen las previsiones, se tiene que enfriar más aún, al menos en cuanto a edificación residencial y promoción inmobiliaria. Aunque lo anterior está por ver, es una circunstancia peligrosa, ya que otros sectores se encuentran parados o en ligero retroceso, como el industrial que desde 2005 pierde empleo. Por lo tanto, no hay un relevo sólido al sector de construcción en cuanto a creación de empleo.

Esta estructura del empleo en España deja entrever que no hay en marcha políticas de empleo serias en sectores como el industrial o en I+D, como anuncian los partidos políticos en sus programas electorales. La realidad evidencia que tanto la Administración central como los Gobiernos regionales continúan limitándose a alimentar este atractivo mundo del ladrillo, que garantiza grandes resultados a muy corto plazo. Y es que, el sector inmobiliario se alía a menudo con el turismo para generar empleo tan fácil como temporal, sin requerir mayor esfuerzo de los políticos que permitir libremente el ejercicio de la actividad inmobiliaria, con el premio de poder colgarse la medalla por los buenos datos económicos obtenidos. Digamos que, muchas veces, a costa de nuestros mejores espacios naturales.

Parece recomendable y urgente establecer un poco de sentido común y freno a este desatado desarrollismo inmobiliario al que está sometido el urbanismo de las ciudades y los espacios protegidos en la montaña o en la costa, donde los poderosos promotores frecuentemente dictan a los políticos las normas que deben regular según les conviene en cada caso. Pero siendo grave el asunto, en estos momentos es más ruidoso, dado que unos y otros ya están calentando motores para las elecciones municipales y autonómicas. Con el sector en la cresta de la ola y con actuaciones políticas controvertidas y dudosas en esta materia, no paran de salir a la luz casos de todos los colores, en toda España y también en Castilla y León, donde últimamente tenemos para elegir. Se avecinan meses movidos.

Leer más información de este número

Editorial Nº 7

Castilla y León parte de una buena posición en infraestructuras de transporte en 2005 y consolida su situación como región con alto nivel de dotación al final del año horizonte 2020, dentro del escenario del PEIT, donde las provincias que hoy carecen de infraestructuras de calidad serán las que más mejoren el nivel de accesibilidad.

Estas son las conclusiones de los efectos del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) sobre el desarrollo territorial de Castilla y León ofrecidas en la ponencia de presentación del Foro de las Infraestructuras y desarrollo regional que se desarrolla en ponencias sucesivas a lo largo de 2006 en nuestra Comunidad.

La red prevista duplicará los kilómetros de autovía gracias a las actuaciones de los Gobiernos central y autonómico. Sin embargo, en un periodo tan largo, la colaboración y entendimiento entre ambas Administraciones, la celeridad para destinar partidas de los presupuestos y la agilidad en los trámites para acometer estas obras en las provincias más desenclavadas, como son Soria y Zamora, son factores decisivos para mejorar esa equidad entre los territorios y no perdure su aislamiento.

Es manifiesta la importancia de las infraestructuras para el progreso económico y social de Castilla y León y una notable contribución al desarrollo territorial más equilibrado. Este fue el punto de partida que impulsó a Cámara de Contratistas de Castilla y León y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a organizar este Foro con el fin de analizar, las necesidades y oportunidades de nuestra región en esta materia.

Como en números anteriores LLAVEMAESTRA DE LA CONSTRUCCIÓN es consciente de la importancia y repercusión económica y social de las infraestructuras, y desarrolla reportajes de las obras más significativas en infraestructuras de carreteras, ferrocarril, hidráulicas, etcétera.

En este número se analiza en profundidad un itinerario clave de conexión territorial para la vertebración del cuadrante noroeste de la península, que será la principal vía de acceso de Cantabria hacia la meseta y oeste de España. Un amplio reportaje muestra la construcción de una vía de alta capacidad como es la Autovía Cantabria-La Meseta, en los tres tramos que se ponen ahora en servicio hasta Frómista, en la provincia de Palencia.

Leer más contennidos de este número

Editorial Nº 6

De la presentación por parte de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de los presupuestos para 2006 dentro del Plan de la Vivienda 2005-2008, es destacable todo lo previsto en materia de política de calidad e innovación en la edificación y en la arquitectura. En general, el Plan prevé la construcción de 720.000 nuevas viviendas, con compromiso presupuestario de 1.068 millones de euros para 2006, lo que representa un crecimiento del 20,6% respecto al ejercicio actual y un 57% más que hace dos años.

Más de 960,4 millones de euros se dedicarán a la financiación de los planes de vivienda, distribuidos en cuatro grandes grupos. El primer grupo son subvenciones gestionadas por las CCAA para ayudas a inquilinos, rehabilitación, ayudas a urbanización y ayudas a promotores para vivienda en alquiler y dispone de 239,45 millones de euros. Otros grupos son la subsidiación de préstamos hipotecarios y las ayudas Estatales Directas a la Entrada, para los compradores de vivienda en primer acceso.
El cuarto grupo son subvenciones específicas para atender, mediante convenios con CCAA y Ayuntamientos, las actuaciones de rehabilitación o reposición de parques de viviendas degradadas. Es un programa adicional a los planes de vivienda destinados a situaciones especiales, como la rehabilitación de barrios y zonas degradadas, así como la promoción de viviendas protegidas. Los créditos derivados de estos convenios específicos alcanzarán los 42,77 millones de euros, cantidad que se incrementará con la firma de nuevos convenios para la cofinanciación de viviendas protegidas que presenten experiencias innovadoras o que respondan a criterios de "sostenibilidad".

Promoción de la innovación y la calidad en edificación

La elaboración de propuestas de programas y actuaciones de promoción de la innovación y de la calidad en la edificación y en la vivienda tratan de conseguir, mediante el empleo óptimo de las innovaciones y de las nuevas tecnologías, que las edificaciones y viviendas respondan a la creciente demanda de calidad de la sociedad. A los programas ya existentes, se sumará el Laboratorio de Vivienda, que permitirá incidir y reforzar los medios en esta materia.

El Gobierno pretende aprobar el Código Técnico de la Edificación. Por lo experimentado hasta ahora en algunas Comunidades Autónomas pioneras pero sin mucho éxito, tiene todavía mucho recorrido para mejorar y, en Castilla y León, requiere mucho más compromiso por parte de todos los agentes para poder alcanzar un buen desarrollo del mismo. Según la ministra, necesitará de la puesta en marcha de los mecanismos, reformas y actuaciones necesarias que permitan conseguir la mayor eficacia en su aplicación y de medidas de actualización permanente. El programa prevé que el CTE aprobado debe estar adaptado a la nueva legislación europea y nacional, así como mantener una investigación aplicada, desarrollar herramientas basadas en las tecnologías de la información y preparar una guía del CTE y sus documentos complementarios al Código, que garanticen su difusión y participación en foros internacionales.

Otro de los ejes de actuación del Ministerio se centra en la elaboración de programas que fomenten la edificación sostenible, en cooperación con los agentes de la edificación, así como la realización de actividades de certificación de calidad, para lo que es necesario implementar el desarrollo de herramientas informáticas para una mayor eficiencia energética.

Los programas, se realizarán en base a convenios específicos como el Acuerdo Marco de Colaboración que el Ministerio de Vivienda y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España tienen firmado para el desarrollo de la edificación sostenible. Entre sus actividades previstas para el 2006, destaca la continuación del proyecto internacional Green Building Challenge, donde el equipo español formado por el Ministerio de Vivienda junto al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, y representado en Castilla y León por el Instituto de la Construcción de Castilla y León, consiguió un primer premio en el Congreso Internacional de Tokio al trabajo de investigación realizado para la evaluación energética de los edificios.

Leer más contenidos de este número