Con el fin de poner remedio a este problema, Convergencia i Unió presentó una propuesta de enmienda a la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que actualmente está en vigor pero que constantemente se incumple. La propuesta establece la inclusión de forma expresa de una ‘limitación a 30 y 60 días máximo para el pago de las deudas’ que, aunque ya tiene ese objetivo implícito para dar cumplimiento a la Directiva europea que limita a 60 días máximo el plazo para pagar las deudas, y que Francia ha legislado desde principio de este año en 45 días, sin embargo en España dicha ley no lo dice de forma expresa. Esta propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en junio y lo lógico es que la reforma hubiera salido ya adelante.
Desde entonces y a pesar de su apoyo en primera instancia, el Grupo Socialista ha venido paralizando la tramitación de esta propuesta con prórrogas y justificando que esa limitación sería contraria al ‘respeto a la libertad de las partes’ y puede ser anticonstitucional. Este argumento sólo cabe en la cabeza de quien desea seguir utilizando esta interpretación a su antojo, esto es, la propia Administración Central, supuestamente socialista, que se alinea con los más tiranos intereses del SEOPAN, asociación patronal que defiende los intereses de las treinta constructoras más importantes de España y controla el 70% de la obra pública del Estado, y cuyo actual presidente David Taguas fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno hasta 2007.
Taguas ha debido convencer a Zapatero de que esa propuesta no es del todo buena para ambos y es mejor para Administración y SEOPAN tener vía libre para seguir imponiendo sus pagos a 120 y 180 días. Esta alianza, o cesión a la presión, tan dañina para el resto del tejido empresarial se produce en la situación de crisis económica que vivimos, en la que la banca continúa sin financiar ni dar créditos al cobro de los pagarés con los que pagan dichas grandes constructoras, con lo que el estrangulamiento de pymes y autónomos es un hecho antes o después.
Acaba de finalizar el plazo de la última prórroga posible para presentar enmiendas parciales a esta ley, que está a punto de iniciar el trámite de su reforma parlamentaria y la modificación que se prevé es una mera imposición de unos intereses en los casos de retraso en los pagos, medida de dudosa puesta en práctica entre empresas.
En este escenario, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad está en pie de guerra ante tal postura del Ejecutivo y ha convocado una Cumbre en Madrid el 18 de noviembre con el fin de valorar la actual Ley y que ha resultado totalmente ineficiente. Otras plataformas vinculadas han planteado iniciativas como declarar el 14 de abril como Día contra la Morosidad de las Administraciones, proponiendo a los empresarios que ese día no se pague ningún impuesto, ni tasa, ni licencia a la Administración.
Sólo ese día, que así sea.
