A estas alturas, todos somos conscientes del crecimiento desmesurado de algunas ciudades, en contra de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León que establece en su artículo 34.2 que el planeamiento urbanístico de las ciudades debe estar encaminado a la reconversión de las áreas degradadas y no a su extensión discontinua, además de incorporar nuevos valores sociales y la adecuación del suelo al interés general.Y es que este rápido crecimiento, sin estar acompañado de un crecimiento paralelo de su población, dista mucho de seguir lo establecido en la citada Ley de Urbanismo y queda al margen de las tendencias de la Unión Europea y del respeto al medio ambiente.
Las actuales políticas de urbanismo de los ayuntamientos fomentan el abandono de sus núcleos urbanos consolidados por parte de la población. Ésta es atraída hacia las áreas naturales dentro de los propios municipios que son reconvertidas en nuevas zonas urbanas mediante las recalificaciones y la cesión de suelo municipal para la construcción de viviendas sociales junto a otras edificaciones de promoción libre.
Hay que preguntarse a quién beneficia realmente una política urbanística expansionista de las ciudades. Estas son naturales cuando aumenta su población, pero en Castilla y León desgraciadamente no es el caso. Supone afrontar un mayor coste económico para la urbanización, instalación de saneamientos y alumbrado público y para servicios como limpieza, seguridad, etcétera, que son soportados por el mismo número de ciudadanos, aumentando el coste de la vida en esa ciudad. Parece claro que muchas de las actuaciones en esta materia priman el interés económico de los promotores inmobiliarios frente al interés general del conjunto de los ciudadanos.
Mientras, los barrios tradicionales están sufriendo una degradación progresiva y con ello un creciente abandono debido a la falta de una política seria y global de dotación de servicios e infraestructuras, para su modernización y habitabilidad. ¿Por qué no se desarrollan las políticas de viviendas sociales conjuntamente con un plan urbanístico en la ciudad consolidada, habiendo como hay tantos solares y edificaciones antiguas ya sin ningún uso?
Uno de los problemas radica en la lentitud con la que se pone en marcha la cesión de suelo municipal para construcción de las viviendas sociales y su posterior entrega. Otro problema, más influyente aún, es la fuerte especulación que los promotores hacen con los solares urbanos hasta que sacan a la venta sus promociones. En este sentido, el nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla y León trata de frenar esta especulación obligando a los promotores a su puesta en el mercado en un plazo máximo de 8 años.
Pero donde deberían volcarse las actuaciones de las administraciones públicas es en los barrios históricos de nuestras ciudades, como ocurre en otras ciudades europeas. Estos necesitan auténticos proyectos globales de rehabilitación, que se desarrollen en ellos las nuevas políticas de vivienda social y se les dote de servicios necesarios para su habitabilidad como centros de ocio, zonas peatonales y mejora de aceras, construcción de aparcamientos públicos gratuitos, etcétera, en lugar de su abandono por nuevas urbanizaciones. Es decir, hacer ciudad sobre ciudad.
